“GARANTIZAR” EL DERECHO AL TRABAJO EN LA CARCEL ¿ Y AFUERA?

Nuestro colaborador, opina sobre los comentarios de Cornejo y su idea de que los presos deben trabajar para pagar el gasto que generan en las Penitenciarias. Entrá a la nota y conocé otro aspecto sobre estas polémicas declaraciones.

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(tiempodeleste)

El Gobernador de la Provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, expresó durante la presentación de nuevos oficiales “todo preso debe pagar su mantenimiento mientras este en la cárcel” y “que delinquir no iba ser más gratis”. Este claro discurso, en la construcción de una política de seguridad, responde al clamor social de la población de Mendoza que expresa sentirse insegura en relación a “la ola de delitos” que vienen sucediendo de hace varios años sin que el Gobierno se preocupara “verdaderamente” por el asunto. Este hecho sucedido la semana pasado tomó trascendencia a través de los medios masivos de comunicación y de las redes sociales

Con este argumento de endurecer la pena de aquellas personas que terminan dentro de los muros de algunos de los complejos penitenciarios de Mendoza, se vendría a intentar calmar el malestar social ante la sensación de inseguridad en relación al delito. El argumento cobra un poco más de fuerza al dar a conocer que además de encerrar a los considerados culpables se les obligará a cubrir los gastos de mantenerlo encerrado mientras dure su condena. Así descubrimos que por medio del trabajo, los sujetos detenidos compensarán al Estado y a la Sociedad los gastos que ocasiona mantenerlos.

Por supuesto que entendemos que no pagar una retribución por una tarea obligada a realizar es TRABAJO ESCLAVO. Lo llamativo de esta situación es que en materia de seguridad se está pensando en generar trabajo para las personas que delinquen dentro del penal y no se observa una política que promueva la inserción laboral de ciertos sectores de la sociedad con menos posibilidades de incorporarse en el mercado privado de trabajo, o si lo hacen es en condiciones de esclavitud también. Si el Estado utiliza MANO DE OBRA ESCLAVA ¿porque el resto de la población no debería realizar las mismas acciones? En cierta forma esto ya pasa con el trabajo golondrina, pero también en otros ámbitos donde los privados explotan con salarios muy bajos y varias horas por jornada laboral, sin que el Estado se responsabilice de la explotación sobre los ciudadanos y ciudadanas que debería representar.

Las políticas de seguridad relacionadas al delito, porque no es la única inseguridad que sufre la población sino también la salud, el trabajo, la vivienda, la alimentación, entre otras; deberían garantizar para la población detenida, políticas de integración comunitaria que permitan la inserción y condiciones laborales dignas (remuneración y jornadas de trabajo justas) de la población en general. Pero este no es un trabajo exclusivo del Estado ya este debería ser promotor y garante de ciertas condiciones que posibiliten la denominada “reinserción social”, sino que también es  responsabilidad de la comunidad en general, crear espacios y ambientes de integración para las personas que han estado vinculadas al delito, como factor que pueda incidir en las tasas de reincidencia. En este sentido nos preguntamos ¿cuándo una persona esta “inserta” socialmente? Pareciera que el trabajo es lo que inserta a las personas en la sociedad, pero para algunos esta oportunidad de trabajo surgirá recién cuando este dentro de la cárcel y además no será una opción sino una obligación por el costo que implica tenerlo detenido allí.

Gran desafío se ha plateado el Gobernador de Mendoza al difundir en la sociedad estas ideas que para concretarse implicarán la inversión millonaria en los Complejos Penitenciarios que no cuentan con la infraestructura para garantizar el trabajo de las cerca de 2.500 personas condenadas. En la actualidad solo logra acceder al trabajo un 10% de la población carcelaria, incluyendo a condenados y procesados que en total sumarían unas 4.000 personas. Según datos SNEEP 2014 se desprende que la población carcelaria de Mendoza esta mayormente integrada por hombres, de entre unos 18 a 35 años, con niveles educativos bajos y desocupados. Por lo que habría que pensar que pasa si se diseñaran a su vez políticas de empleo para la población que tiene estas características, para ver si se puede también con aquellas que por otro conjunto de variables terminan detenidas en los penales.

Finalmente, desde una visión ampliada, entendemos que el desempleo no es un factor que determine la tasa de criminalidad, aunque consideramos que una adecuada inserción laboral posibilitaría una plena integración comunitaria o reinserción social, y dicha integración sería una política de seguridad que permitiría controlar la criminalidad que está presente en ámbitos de exclusión estructural.

 

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