“Vender” allanamientos, sospechas de un nuevo negocio policial

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Comisaria 9ª

La mayoría de los operativos en Guaymallén son negativos y es casi imposible dar con los acusados de diversos delitos. Se cree que policías que actúan en la zona venden la información para que los sospechosos logren escapar.

Los integrantes de la Unidad Investigativa de Guaymallén (UIG) están sospechados de “vender los allanamientos”. Esto significa: avisarle a los sospechosos o delincuentes que el personal judicial va camino a sus casas para requisarlas. Hay ejemplos muy puntales que proveen fundamentos a la sospecha.

Las conjeturas que realiza el personal judicial del departamento, tanto fiscales como ayudantes y auxiliares, no son antojadizas ni nuevas.

Hace unos tres años descubrieron que un cabo avisaba a un grupo de gitanos cuándo irían a sus campamentos a buscar documentación. En aquel momento, el fiscal era Alejandro Iturbide, quien tenía “pinchado” el teléfono de los gitanos. En una de esas escuchas, uno de éstos le decía a su abogado: “No te hagás problemas, que no van a encontrar nada; el cabo (Daniel) Zeta avisa cuando vienen los canas para hacer el allanamiento”.

Sin embargo, a los fiscales de Guaymallén les llama poderosamente la atención que casi todos los allanamientos les dan negativos. Fueron consultados dos de ellos y casi todos los ayudantes de fiscal; la respuesta fue unánime: “No hemos podido probar que vendan los allanamientos, pero es seguro que algo pasa”.

A partir de las dudas de los magistrados, se le pidió a uno de ellos que citara un caso puntual para fundamentar sus sospechas. El fiscal Diego Lusverti contó: “Hace un año atrás pedí un total de quince allanamientos por una causa de armas en viviendas de un barrio y el juez de Garantía lo autorizó. Decidimos hacerlo a la madrugada para encontrar y detener a los sospechosos. Pero fue muy extraño lo que sucedió”.

Las requisas a las quince viviendas se hicieron entre las 5 y 6 de la madrugada y “cuando llegamos en algunas casas no había nadie y en otras estaban levantados. Incluso, en un inmueble habían dejado la llave puesta por el lado de afuera. Esto nos dio a entender que se habían ido hacía minutos y en el apuro se olvidaron de sacar la llave o fue una burla, como diciéndonos: ‘Pasen’ ”; relató el fiscal, quien agregó que por supuesto, no encontraron armas en ninguno de esos domicilios.

Ante esta situación, Lusverti le envió a la Inspección General de Seguridad (IGS) una compulsa para que investigue.

Uno de los miembros del órgano de control, Leopoldo Orquín, fue consultado  sobre el pedido de investigación del magistrado. El ex ministro de Seguridad manifestó: “No sabía sobre esto, y me extraña que los policías que trabajan para la Inspección no me hayan informado. De todos modos, el lunes nos pondremos a ver qué ha sucedido con el pedido del fiscal. Pero desde ya quiero aclarar algo: no me extraña que esto suceda”, finalizó.

Tanto al integrante de la Inspección como a los fiscales y al jefe de la Policía, Juan Carlos Caleri, se les mencionó otro hecho ocurrido en febrero de este año; también muy sugestivo y sospechoso, por el cual todos, de una manera u otra, consideran que la UIG no es de fiar.

El caso comenzó con un bebé baleado en el barrio Lihué; recibió un tiro en el abdomen y otro en una mano porque quedó en medio de una disputa entre bandas.

La Justicia logró identificar a quién había disparado que hirió de gravedad al pequeño y ordenó su detención. Para llevarla a cabo, el personal judicial solicitó una autorización para allanarle la vivienda porque también buscaban el arma.

Los funcionarios judiciales junto a los efectivos de la Unidad Investigativa llegaron al domicilio del sospechoso por la tarde, y casualmente no había nadie. Los vecinos dijeron que hacía pocos minutos habían salido de la vivienda. El personal judicial no podía entender cómo se anticipó al allanamiento, y nadie pensó que fuera un psíquico que puede predecir el futuro.

No obstante, en muchas ocasiones los policías hacen bien su trabajo y terminan haciendo la tarea que sus colegas evitaron.

Unos minutos más tarde del frustrado allanamiento, a muy pocas cuadras del domicilio del sospechoso, un grupo de efectivos de Tránsito de Guaymallén hizo detener una camioneta en un control de rutina. ¿Quién iba en ese vehículo? El hombre buscado por herir al bebé.

Cuando lo identificaron saltó la novedad por la frecuencia policial que sobre él pesaba un pedido de detención.

Pero lo más llamativo fue lo que llevaba en el rodado: una carpa, una bolsa de dormir, un radiograbador y hasta bronceador.

Era notable que el hombre se estaba escapando y con la intención de instalarse en una zona descampada; hasta tuvo tiempo de cargar el equipo de camping.

El control vehicular se realizó a pocas cuadras de la vivienda del sospechoso y por el tiempo transcurrido entre la detención y el negativo allanamiento, quedó prácticamente en evidencia que le advirtieron que la Justicia y los policías iban a su casa.

El jefe de la Policía, Juan Carlos Caleri, se mostró sorprendido por la posible “venta” de datos de los efectivos de la UIG.

Aseguró que se investigará el caso y también le solicitará a la Inspección General de Seguridad la compulsa del fiscal Lusverti y los resultados de la investigación de Asuntos Internos.

Además, aseguró que este lunes se reunirá con los fiscales de Guaymallén para que le amplíen sus sospechas “con el objetivo de analizar caso por caso en los que los allanamientos dieron negativos de una manera extraña”, sostuvo.

Fuente MDZ

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